Con una amplia mayoría, diputados y senadores dejaron sin efecto el veto presidencial y aseguraron la vigencia de una norma clave que protege a beneficiarios de pensiones por discapacidad.

En una jornada de fuerte debate, el Congreso nacional decidió rechazar el veto del presidente Javier Milei y mantener en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida fue celebrada por asociaciones civiles y organizaciones sociales que venían reclamando la protección de este sector vulnerable. La norma establece que las pensiones por discapacidad deberán actualizarse, fijando como piso un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. Esto significa que quienes perciben la pensión mínima tendrán un incremento en sus ingresos, equiparándolos a un nivel más justo frente a la situación económica actual. El gobierno había vetado esta ley argumentando que generaría un alto costo fiscal y afectaría el equilibrio de las cuentas públicas. Además, se había planteado la posibilidad de limitar los aumentos y condicionar el acceso a las pensiones, lo que generó un inmediato rechazo de la oposición y de sectores sociales. Con la decisión de hoy, el Congreso no solo frenó esos recortes, sino que además envió un mensaje político contundente al Ejecutivo: las prestaciones básicas de los sectores más vulnerables no pueden ser objeto de ajuste. Desde distintos bloques se remarcó que las personas con discapacidad constituyen un colectivo históricamente postergado y que el Estado tiene la obligación de garantizar su inclusión y el respeto pleno de sus derechos. A partir de esta resolución, el gobierno deberá aplicar los aumentos previstos por la ley y asegurar que todos los beneficiarios reciban lo que les corresponde. El desafío ahora será garantizar que la norma se cumpla efectivamente en todo el país.

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