La crónica del caso que conmovió multitudes.

El 8 de septiembre de 1990, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, se denunció la desaparición de María Soledad Morales, una adolescente de 17 años. La joven había asistido la noche anterior a una fiesta organizada en un boliche de la capital provincial. El 10 de septiembre de 1990, su cuerpo fue hallado sin vida a la vera de la ruta 38, en las afueras de la ciudad. Presentaba signos de violencia. La investigación inicial estuvo a cargo de la policía provincial. Durante el proceso judicial, distintas líneas de investigación se vincularon con hijos de funcionarios provinciales y personas allegadas al poder político y policial de Catamarca. En 1990 se realizaron las primeras detenciones y luego, tras idas y vueltas procesales, se sucedieron sobreseimientos y reaperturas de la causa. En 1997, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la reapertura de la investigación, que había sido archivada en instancias provinciales. Ese mismo año, se inició un nuevo juicio oral y público. El 27 de noviembre de 1998, el Tribunal Oral en lo Criminal de Catamarca condenó a Guillermo Luque, hijo de un ex diputado nacional, a 21 años de prisión como partícipe necesario del homicidio. También fue condenado Luis Tula, novio de María Soledad, a 9 años de prisión por el delito de corrupción de menores. La sentencia fue confirmada en instancias posteriores, y ambos condenados cumplieron parte de sus penas en establecimientos carcelarios. El caso tuvo amplia repercusión nacional e internacional. Fue uno de los primeros episodios en la Argentina en los que la presión social, manifestada en marchas denominadas “marchas del silencio” impulsadas por la comunidad y sectores eclesiásticos, tuvo incidencia en la continuidad de la investigación y el desarrollo del proceso judicial. El expediente judicial cerró en la década de 2000, con el cumplimiento de las condenas establecidas.

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