El gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.793, conocida como la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras el rechazo del veto presidencial. Sin embargo, su aplicación fue postergada mediante un decreto hasta que se definan los recursos necesarios para su implementación.
La norma establece medidas como la creación de pensiones no contributivas por discapacidad, la actualización de aranceles del sistema de atención y la compensación económica a prestadores, entre otras disposiciones destinadas a mejorar la cobertura de personas con discapacidad.
Desde el Ejecutivo se indicó que la postergación permitirá coordinar los mecanismos de financiamiento y garantizar que la ley se aplique de manera efectiva y controlada. Sectores de la oposición y organizaciones sociales instaron a que se definan los plazos cuanto antes para evitar incertidumbre.
Mientras tanto, la ley sigue generando expectativa entre quienes se verán beneficiados, y especialistas recomiendan que se informe de manera clara cuándo comenzará a regir cada una de sus medidas.